España,
tras el casi agotamiento de sus riquezas mineras y por conveniencias
geoestratégicas, y la ONU (tras varios conatos -irresolutos- de
intervención negociadora y por mera apariencia responsable), han
abandonado, de facto, al pueblo saharaui a las fauces expansionistas del
vecino, arcaico y totalitario reino de Marruecos.
Los diferentes gobiernos estadounidenses, por otra parte, por espúreos
motivos de compromiso en tratados bilaterales de defensa y comerciales,
siempre apoyaron al reino alahuita, dificultando, cuando no impidiendo,
cualquier acercamiento negociador y desde luego rompiendo, cualquier
posible equilibrio de fuerzas de influencia política internacional.
Los gobiernos españoles, por tanto, por responsabilidad directa en el
desencadenamiento consecuencial de esta anómala e innecesaria crisis
territorial, tienen la moral obligación de apoyar, incondicionalmente,
al sufrido e inocente pueblo hermano, en cuantas oportunidades
diplomáticas y de consulta internacionales se presenten.
Oportunidad de oro, desaprovechada de forma supuestamente
inintencionada, "anteayer" mismo, por nuestro propio actual Jefe del
Estado.
Pero, además y por encima de consideraciones
oficialistas y de ortodoxias metodológicas, todas y cada una de las
organizaciones progresistas de nuestro país, deberán sentirse implicadas
en esta tan justa y desigual lucha en la defensa de sus legítimos
derechos territoriales.
Habremos de pedir, permanente e
incansablemente, el definitivo reconocimiento internacional de una
NACIÓN SAHARAUI, libre e independiente.
¡Que así sea!, ¡viva el libre pueblo saharaui!.
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